La hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Clemencia Vargas, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a autoridades estadounidenses adelantar investigaciones sobre el llamado “Pacto de Valledupar”, un supuesto acuerdo entre el expresidente Gustavo Petro y exjefes paramilitares para obtener testimonios que perjudicaran a la oposición política.
Desde agosto, la Fiscalía compulsó copias de documentos contra Petro a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, con el objetivo de determinar si el mandatario incurrió en conductas delictivas relacionadas con el pacto. La medida se tomó después de que la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia abriera una noticia criminal el 31 de agosto, y se enviaran los expedientes a la Comisión de Investigación y Acusaciones.
Reacciones y denuncias
María Fernanda Carrascal, activista política, cuestionó a Petro por el uso de recursos estatales en lo que describió como un montaje para desacreditar a la oposición, y exigió que el presidente “dé la cara”. En redes, Carrascal replicó a una fotografía publicada por Melquisedec Torres que mostraba la logística estatal –aviones, soldados y medios de comunicación– vinculada a la supuesta obtención de testimonios de exjefes paramilitares.
El documento de la denuncia, presentado por la representante Carol Borda y los senadores Sara Castellanos y Enrique Gómez ante la Comisión de Acusaciones, detalla la acusación contra Petro por presuntas maniobras para manipular la opinión pública y favorecer su campaña electoral.
Importancia del caso
El caso del Pacto de Valledupar adquiere relevancia porque implica a la máxima autoridad del país y a figuras vinculadas al conflicto armado interno, lo que podría revelar una red de influencias entre el gobierno y grupos armados ilegales. La investigación también plantea interrogantes sobre la transparencia del uso de recursos públicos y la integridad del proceso electoral.
Si se comprueba la existencia de un acuerdo de este tipo, las consecuencias podrían incluir procesos judiciales contra Petro, sanciones políticas y un impacto significativo en la confianza ciudadana hacia las instituciones. Por su parte, Clemencia Vargas espera que la presión internacional contribuya a una investigación exhaustiva y a la rendición de cuentas de los involucrados.