El Presupuesto General de la Nación para 2027 fue hundido por un vicio de trámite debido a la falta de conciliación entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. Esta irregularidad procedural obliga al Gobierno a expedir el presupuesto por decreto, basándose en el proyecto aprobado en primer debate por las comisiones económicas.
La representante a la Cámara, Carrascal, advirtió que el artículo 65 fue aprobado sin modificaciones en el Senado, pero la Cámara incluyó dos parágrafos adicionales que habían sido retirados previamente. Al no realizarse la conciliación obligatoria antes del 20 de octubre, fecha límite legal, el trámite quedó viciado. La congresista cuestionó la rapidez con la que se aprobaron estos cambios en la Cámara, describiéndolos como un proceso sin discusión adecuada.
Reacciones divididas en el Congreso
La senadora Esmeralda Hernández, junto con Lina García, confirmó la existencia de diferencias entre los textos de ambas cámaras. Atribuyó el error a la premura en las votaciones, que impidieron cumplir con los procedimientos constitucionales. Por su parte, el senador Carlos Meisel defendió la aprobación en el Senado, argumentando que no hubo errores en esa corporación y que las diferencias posteriores no invalidan todo el proceso. Meisel señaló que el texto de primer debate representaba el 95% de lo aprobado en la plenaria del Senado y pidió evitar la incertidumbre.
En contraste, el congresista Enrique Gómez aclaró que el presupuesto no se cayó, sino que se adoptará por decreto el texto de las comisiones económicas. Mencionó específicamente el recorte de 170.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluido en ese texto. Otro senador propuso aplicar el artículo 59 de la Constitución para que rija el proyecto del Ejecutivo con las modificaciones de primer debate, buscando preservar recursos clave para la salud.
Esta propuesta busca aprovechar el alivio de 14,2 billones de pesos generado por el re-perfilamiento de deuda realizado el 1 de octubre. Con estos recursos, se podría destinar 3 billones adicionales al sistema de salud y recuperar los 6,2 billones incorporados en segundo debate para atender las afectaciones del terremoto. El objetivo es garantizar la atención de la emergencia y el avance presupuestal en salud mediante un acuerdo urgente.