El exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, ha sido señalado en una investigación por su presunta relación con la organización criminal conocida como Las Salsas Mexicanas. La denuncia, presentada por la Fiscalía General de la Nación, indica que Hawkins habría mantenido contactos con miembros del grupo mientras ocupaba el cargo de gobernador del archipiélago.
Según los documentos judiciales, la supuesta vinculación se habría concretado a través de reuniones y acuerdos que facilitarían el tránsito de drogas y el lavado de dinero en la zona. Las autoridades señalan que el exfuncionario habría recibido pagos por estas actividades, aunque aún no se ha presentado evidencia definitiva que lo incrimine directamente.
Investigación y reacciones
El caso está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y la Policía Nacional, que han solicitado la cooperación de la Fiscalía de San Andrés para recabar pruebas. Hasta el momento, Hawkins no ha comparecido ante la justicia y su defensa ha calificado las acusaciones de “infundadas” y “politicamente motivadas”.
El gobernador actual de San Andrés, Luis Gilberto Murillo, manifestó su preocupación por la posible afectación a la imagen del departamento y aseguró que se tomarán todas las medidas para garantizar la transparencia del proceso. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han pedido una investigación exhaustiva y la destitución de cualquier funcionario que resulte involucrado en actos delictivos.
Impacto en la región
San Andrés, que depende en gran medida del turismo y la pesca, ha visto en los últimos años un aumento de la presencia de grupos armados y narcotraficantes. La supuesta participación de un exgobernador en estos hechos genera incertidumbre sobre la seguridad y la gobernabilidad del archipiélago. Expertos advierten que la percepción de impunidad podría favorecer la expansión de la actividad delictiva y afectar la confianza de inversores y visitantes.
El proceso judicial aún está en sus primeras etapas y se espera que la Fiscalía presente cargos formales en los próximos días. Mientras tanto, la comunidad local y los actores políticos siguen atentos a los avances, conscientes de que el caso podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la región.