El senador Armando Benedetti informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha retirado el esquema de seguridad que cubría a él y a su familia, a pesar de que los recursos de ley presentados siguen sin resolverse y no se ha realizado un nuevo estudio de riesgo.
Según Benedetti, el último estudio de riesgo, realizado hace dos meses, había sido calificado como extraordinario, lo que justificaba la continuidad de la protección. Sin embargo, la medida se hizo efectiva sin que se haya concluido el proceso judicial ni se haya actualizado la evaluación de amenazas.
Reacción del senador y acusaciones al presidente
El legislador manifestó que su decisión de responder al presidente en el mismo día del retiro no fue casualidad. Benedetti aseguró que responsabiliza al mandatario por cualquier eventualidad que pueda afectar a él o a sus familiares, tras haber comunicado su inconformidad de forma pública.
El senador también recordó que había solicitado a la UNP la revisión del caso y la mantención del esquema de protección, pero la entidad procedió al cese sin justificación aparente. Benedetti subrayó que la medida pone en riesgo la seguridad de su núcleo familiar, dado el contexto de amenazas que había sido identificado previamente.
Implicaciones y contexto político
El caso se inscribe en un escenario de creciente tensión entre algunos miembros del Congreso y el Ejecutivo, donde la seguridad de los funcionarios ha sido tema recurrente. La UNP, organismo encargado de proteger a personas bajo riesgo, ha sido criticada en ocasiones por decisiones que perciben como arbitrarias o influenciadas por factores externos.
El senador Benedetti, perteneciente al Partido Liberal, ha sido una voz crítica del gobierno y ha denunciado en otras oportunidades presiones políticas sobre instituciones de seguridad. La falta de un nuevo estudio de riesgo, según él, vulnera los protocolos establecidos para la protección de personas bajo amenaza.
Hasta el momento, la UNP no ha emitido una respuesta oficial que explique los motivos del retiro del esquema de protección. Asimismo, no se ha reportado si se ha iniciado alguna acción legal por parte del senador o su equipo para revertir la decisión.
El episodio plantea interrogantes sobre la independencia de la UNP y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus representantes en un clima político polarizado. Las consecuencias podrían incluir demandas judiciales, presión pública y un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para funcionarios y sus familias.