RTVC informó que la adquisición de una unidad móvil durante la administración del presidente Gustavo Petro presenta irregularidades que impiden su puesta en marcha. Según la entidad, el vehículo, cuyo costo asciende a dos mil millones de pesos, no puede ser utilizado por fallas técnicas y posibles incumplimientos contractuales.
La denuncia fue presentada por la dirección de RTVC, que señaló que la compra se realizó sin cumplir los procedimientos de licitación establecidos por la normativa estatal. Además, la entidad señaló que la empresa proveedora no entregó la documentación requerida para validar la conformidad del equipo con los estándares de seguridad y operatividad.
Detalles de la compra y los problemas detectados
El contrato, firmado en 2024, contemplaba la entrega de una unidad móvil equipada con tecnología de transmisión avanzada para cubrir zonas rurales y de difícil acceso. Sin embargo, a la fecha de la denuncia, la unidad no ha sido puesta en servicio y presenta fallas en el sistema de transmisión, lo que la hace inoperable.
RTVC indicó que, además del incumplimiento técnico, existen sospechas de sobreprecio y de falta de transparencia en la asignación del presupuesto. La entidad solicitó a la Fiscalía y a la Contraloría General que inicien investigaciones para determinar posibles actos de corrupción y la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Repercusiones políticas y sociales
El caso ha generado críticas de la oposición, que exige claridad sobre el uso de recursos públicos y la garantía de que los proyectos de infraestructura tecnológica beneficien a la población. Expertos en gestión pública advierten que la falta de control en este tipo de adquisiciones puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
El gobierno de Petro, por su parte, ha manifestado que revisará los procesos de contratación y que tomará las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. Mientras tanto, la comunidad afectada por la falta de cobertura sigue sin recibir los servicios de conectividad que la unidad móvil pretendía ofrecer.
La investigación en curso podría determinar sanciones para los responsables y establecer precedentes en la forma en que se gestionan los recursos destinados a la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia.