El martes se reanudó en la Cámara de Representantes el debate sobre la reforma pensional que el Gobierno busca aprobar antes de fin de año. La discusión, que había sido suspendida la semana pasada por falta de quórum, retomó con la presencia de los principales partidos y la bancada del oficialismo.
El proyecto, presentado por el Ministerio de Trabajo, propone elevar la edad mínima de jubilación de 62 a 65 años, incrementar el aporte patronal y crear un fondo de reserva para garantizar la sostenibilidad del sistema. Los legisladores del Partido Liberal y del Centro Democrático expresaron su oposición, argumentando que la medida afectará a los trabajadores de sectores informales y a quienes ya están cerca de la edad de retiro.
Posiciones de los partidos
Los representantes del oficialismo defendieron la necesidad de ajustar la normativa ante el envejecimiento de la población y el déficit financiero del régimen. Por su parte, la bancada de la oposición solicitó incluir cláusulas de protección para los trabajadores con carreras discontinuas y propuso una revisión del cálculo de las pensiones mínimas.
Durante la sesión, se escucharon intervenciones de expertos del Banco de la República y del Departamento Nacional de Planeación, quienes subrayaron la urgencia de reformar el sistema para evitar un colapso fiscal. Sin embargo, también se citó la falta de consenso social y la posible reacción de los sindicatos, que han anunciado movilizaciones en caso de que la reforma avance sin ajustes.
Impacto y próximos pasos
El debate continuará durante la semana, con la expectativa de que el proyecto sea votado en segunda lectura antes de fin de año. De aprobarse, la reforma impactará a más de 10 millones de afiliados al sistema pensional, modificando los requisitos para acceder a una pensión digna. Analistas advierten que la medida podría generar incertidumbre en los mercados financieros y afectar la confianza de los inversionistas.
El resultado del proceso legislativo será clave para definir la política social del país y la capacidad del Estado para financiar su sistema de seguridad social en los próximos años.