El Departamento de Estado de Estados Unidos anuló la visa de entrada a siete figuras políticas de Colombia, entre ellas tres que se encuentran actualmente en prisión.
Los afectados son: el exsenador Luis Carlos Galán Sarmiento, la excongresista María Fernanda Cabal, el exalcalde de Medellín, Alejandro Gaviria, el dirigente del partido Liberal, Carlos Gaviria, la líder del movimiento indígena, María Cristina Ardila, y el exdiputado del Partido Verde, Jorge Iván González. Tres de ellos, Galán Sarmiento, Cabal y Gaviria, están bajo custodia en diferentes centros penitenciarios por procesos judiciales en curso.
Motivo de la medida
Según el comunicado oficial, la decisión responde a la supuesta participación de los citados en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, lo que contraviene los criterios de elegibilidad para visas estadounidenses. La medida se enmarca dentro de la política de Washington de ejercer presión sobre funcionarios extranjeros involucrados en corrupción o abusos.
Reacciones en Colombia
Los partidos políticos a los que pertenecen los sancionados calificaron la medida como una injerencia externa en los asuntos internos del país. El Partido Liberal denunció una “campaña de descrédito” y pidió al gobierno nacional que defienda la soberanía colombiana. Por su parte, la Fiscalía General de Colombia indicó que continuará con sus investigaciones sin que la revocación de visas afecte los procesos judiciales en curso.
Expertos en relaciones internacionales advierten que la medida podría tensar las relaciones bilaterales, aunque también señalan que refleja la creciente preocupación de EE.UU. por la corrupción en América Latina. La medida llega en un contexto de intensas negociaciones entre ambos gobiernos sobre cooperación en seguridad y comercio.
En tanto, la opinión pública muestra una división: mientras algunos sectores ven la revocación como una señal de que la corrupción no quedará impune, otros la perciben como una acción política que podría repercutir en la agenda diplomática y económica entre Colombia y Estados Unidos.
El futuro de los políticos sancionados dependerá de los resultados de los procesos judiciales internos y de la posible respuesta diplomática de Colombia ante la medida estadounidense.