La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que señala un incremento significativo en el riesgo de reclutamiento forzado de menores y la consolidación del control territorial por parte de grupos armados en el departamento de Nariño. Esta situación representa una grave amenaza para la integridad física y psicológica de la población civil, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que habitan en las zonas rurales y periurbanas de la región.
El organismo de control advirtió que la dinámica de violencia en el sur del país ha escalado, generando un entorno de inseguridad que limita el acceso a servicios básicos y la libertad de movimiento de las comunidades afectadas. El reclutamiento forzado no solo viola los derechos fundamentales de los menores, sino que también perpetúa ciclos de violencia que dificultan la construcción de paz en el territorio nariñense.
Impacto en la población civil
Según los reportes recopilados por la entidad, los grupos armados organizados han intensificado sus operaciones en áreas estratégicas del departamento, utilizando el control territorial como mecanismo de presión sobre la población. Esta presencia coercitiva impide que las familias accedan a la educación, la salud y la alimentación de manera segura, forzando a muchos a desplazarse o a someterse a las exigencias de los actores armados.
La Defensoría del Pueblo subrayó la urgencia de que el Estado colombiano implemente medidas inmediatas de protección y atención humanitaria. Se requiere una respuesta coordinada entre las fuerzas militares, la policía y las autoridades locales para garantizar la seguridad de los habitantes y desarticular las estructuras que promueven el reclutamiento forzado.
Contexto de la crisis humanitaria
Nariño ha sido históricamente uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia. La reciente escalada de violencia reaviva las preocupaciones sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en territorios de difícil acceso. La alerta temprana busca visibilizar la crisis y movilizar recursos para la prevención de violaciones a los derechos humanos.
Expertos en derechos humanos coinciden en que la solución a este problema requiere un enfoque integral que combine la seguridad con el desarrollo social y económico. Sin una presencia estatal efectiva y programas de atención a la población vulnerable, el riesgo de que más menores sean víctimas del reclutamiento forzado seguirá en aumento. La comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales han sido instadas a apoyar los esfuerzos nacionales para mitigar esta emergencia humanitaria.