La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está en el ojo del huracán tras un decreto que le permite “sanear” predios y registrarlos como bienes de utilidad pública. 25 de julio de 2026 se convirtió en una fecha clave, cuando se dio a conocer la demanda en contra de esta medida.
En el centro de la polémica está el decreto que otorga a la ANT la facultad de intervenir en predios privados y convertirlos en bienes de utilidad pública. Abogados y propietarios han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que vulnera los derechos de propiedad y puede generar conflictos legales.
La demanda se presentó en Bogotá, donde los afectados buscan que se declare la nulidad del decreto. Los demandantes argumentan que la medida es inconstitucional y que la ANT no tiene la autoridad para tomar decisiones sobre la propiedad privada.
El impacto de este decreto podría ser significativo, ya que afectaría a miles de propietarios en todo el país. La decisión final sobre la demanda podría sentar un precedente importante en la forma en que se manejan los bienes de utilidad pública en Colombia. Con esta decisión, se definirá el futuro de la propiedad privada en el país.