El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) confirmó que la Zona de Operaciones Transitorias (ZUT) de Putumayo será cerrada en un plazo de dos meses, una decisión que se toma a pesar de que un fallo judicial ordenó suspender el desmonte de la zona durante seis meses. La autoridad justificó esta acción argumentando la falta de recursos financieros para mantener la estructura operativa en la región.
Esta determinación genera un conflicto directo entre la política de seguridad y paz del Gobierno y las órdenes de la rama judicial. El cierre anticipado de la ZUT implica el retiro de las fuerzas militares y de las misiones humanitarias que operan bajo este esquema especial, diseñado para facilitar la desmovilización de grupos armados y la entrega de armas en zonas de alto conflicto.
La ZUT de Putumayo fue establecida como parte de los acuerdos de paz para crear un espacio de confianza entre el Estado y las organizaciones armadas. Su funcionamiento depende de la presencia constante de instituciones estatales para garantizar la seguridad y la implementación de los compromisos pactados. La decisión de cerrarla antes de lo previsto por la ley o por las sentencias judiciales podría afectar la estabilidad en el sur del país.
El argumento central del Dapre es la inviabilidad presupuestal. Según el director, no existe el presupuesto necesario para sostener las operaciones en la zona durante el periodo de suspensión ordenado por los jueces. Esta postura ha sido criticada por sectores que consideran que la seguridad y la paz no deben estar condicionadas a la disponibilidad inmediata de fondos, sino que requieren de una planificación estatal a largo plazo.
El fallo judicial que ordenó la suspensión del desmonte durante seis meses buscaba proteger los avances logrados en el proceso de paz y evitar que el retiro abrupto de las fuerzas estatales dejara un vacío de poder que fuera aprovechado por grupos criminales o armados. Al ignorar esta orden, el Gobierno asume el riesgo de que la situación de violencia en Putumayo se deteriore, comprometiendo la vida de la población civil y los esfuerzos de reconciliación.
La situación en Putumayo es delicada debido a la presencia de múltiples actores armados que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. El cierre de la ZUT sin una transición clara podría reactivar los enfrentamientos y dificultar la labor de las organizaciones humanitarias. Los observadores internacionales y nacionales han llamado a las autoridades a buscar soluciones que respeten tanto la legalidad como la realidad operativa en el terreno.
Esta decisión del Dapre marca un precedente importante en la relación entre el Ejecutivo y el Judicial en materia de seguridad. Si el Gobierno continúa priorizando los recortes presupuestales sobre las obligaciones legales derivadas de los procesos de paz, se pone en riesgo la credibilidad de los mecanismos de implementación. La población de Putumayo queda ahora en una posición vulnerable, esperando a que las autoridades definan el modelo de seguridad que reemplazará a la ZUT en los próximos meses.