La Defensoría del Pueblo alertó sobre la expansión de las disidencias de las Farc hacia zonas urbanas de Jamundí, Valle, con un control territorial que ya se estaría consolidando en áreas suburbanas y urbanas. 253 mil hectáreas de cultivos de coca en Colombia en 2023, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son un factor clave en esta expansión.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo que la situación de seguridad y vulneración de derechos humanos en Jamundí es crítica, con 200 eventos de desplazamiento masivo reportados en 2025 en el país, y miles de personas afectadas por confinamientos y restricciones a la movilidad. La expansión de las disidencias ha permitido el fortalecimiento de economías ilegales relacionadas con narcotráfico y minería ilegal.
Impacto en la región
La defensora también denunció que estas estructuras ilegales estarían ejerciendo control sobre comunidades mediante mecanismos de intimidación y regulación social, lo que se materializa en prácticas de gobernanza criminal, justicia paralela, cobros extorsivos, con impactos estructurales sobre la vida comunitaria y los derechos. La expansión de las disidencias ha generado homicidios selectivos, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, reclutamiento, uso y utilización de menores.
La defensora destacó la capacidad institucional existente en el territorio y llamó a fortalecer la presencia del Estado. La entidad advirtió sobre un deterioro sostenido de la seguridad por la expansión de las disidencias de las Farc, especialmente del frente ‘Jaime Martínez’. La situación en Jamundí es un reflejo de la compleja realidad que enfrenta el suroccidente de Colombia, donde la violencia y la inseguridad siguen siendo un desafío constante.